En el documento construido desde la secretaría de las Mujeres Legislación para promover la educación no sexista (2019) se contempla que, desde la Constitución Política de Colombia de 1991, en su Artículo 43 consagra que “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades”. En el Artículo 13 ordena al Estado promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados. Las mujeres han estado presentes en el proceso de construcción de país y en las últimas décadas se puede percibir un considerable aumento de su inserción en la vida política, económica y cultural. Sin embargo, esos altos niveles de participación política y ciudadana no se ven reflejados en el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisión en todos los sectores, particularmente en el sector educativo.

Es poco probable que se logre un desarrollo social más equitativo, cuando la mitad de la población, en este caso las mujeres, no cuentan con los espacios, herramientas, reconocimiento, ni con la posibilidad de participación consciente en los diversos escenarios: poder, comunitario, político, cultural, educativo, productivo, de desarrollo personal, del ejercicio de sus derechos humanos. Por tanto, es preciso emprender acciones para romper el paradigma que continúa invisibilizando y excluyendo a la mujer en las diferentes esferas, sobre todo en la toma de decisiones del ámbito educativo, aunque se constituyan en mayoría en esos espacios. Lograr la participación de las mujeres en los espacios de decisión y convivencia democrática en el sector educativo y con equidad de género, es un reto y una responsabilidad del Estado y de la sociedad.

A continuación, presentamos las principales normas que a nivel nacional se han estipulado para incorporar el enfoque de género en los Manuales de Convivencia Escolar.

La Constitución Política de Colombia de 1991 establece en el Artículo 67, que la educación es derecho público, presidido por el principio de la equidad. A razón de ello, el sistema educativo debe promover una educación incluyente, con el establecimiento de relacionamientos equitativos y paritarios, que favorezca la igualdad de oportunidades.

En ese mismo orden de ideas, encontramos las siguientes leyes:

• Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, refiere en su Artículo 87 “Reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones, de los estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo”, de igual manera la comunidad educativa debe participar en el proceso de construcción o actualización del manual de convivencia.
• En el Decreto 1860 de La Ley 115 de 1994, fija en su Artículo 17 el Reglamento del manual de convivencia, donde se consignan los derechos y obligaciones de los estudiantes. Como lo dictan los Artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todas las instituciones educativas deben tener en su PEI Proyecto Educativo Institucional, un manual de convivencia o un reglamento, que garantice un ambiente escolar propicio para toda la comunidad educativa.
• Ley 1620 del año 2013, a través de la cual se crea el “Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”, en su Artículo 21 introduce nuevos direccionamientos para que sean incorporados en los Manuales de Convivencia Escolar que deben garantizan el desarrollo libre, sano, seguro y satisfactorio de la vida sexual, reproductiva y de la convivencia sexual.

La construcción de estas pautas para incorporar el enfoque de género en los Manuales de Convivencia Escolar, busca promover y aplicar el establecimiento de relaciones justas y equitativas, que garanticen un ambiente escolar sano e incluyente, facilitar y multiplicar conocimientos teóricos y herramientas prácticas que permitan transversalizar, reflexionar e integrar el enfoque de género en el ámbito educativo.

Es importante aclarar que las pautas que se proponen en este documento, están enfocadas a la prevención de violencias contra las mujeres, las cuales hacen parte de las violencias basadas en género, si bien se ha tocado sucintamente aspectos generales sobre las diversidades, es del interés y misión de la Secretaría de las mujeres, trabajar por los derechos de las mujeres y especialmente por una vida libre de violencias.

Es necesario tener claro que, si bien la Ley 115 de 1994 en su Decreto reglamentario 1860 del mismo año, define lo que debe tener un Manual de Convivencia, es la Ley 1620 de 2013 la que plantea la actualización de dichos manuales.  Además, es necesario tener en cuenta que la corte constitucional emitió varias sentencias, algunas posteriores a esta fecha, donde busca garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los y las estudiantes, por ejemplo, la sentencia T-478 de 20155, la cual es muy importante para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos promulgando el respeto de la orientación sexual y la identidad de género de los y las estudiantes.

Y otra sentencia que es crucial para trabajar por la erradicación de la discriminación es la T-928 de 2014, fundamental para prevenir la discriminación, exclusión o marginación, y que en muchas ocasiones genera violencias contra las mujeres, ya que no se les da el lugar como sujetos de derechos, sino como objeto, por las desventajas sociales que tiene estas en nuestro entorno:

Cuando se quiere plantear un Manual de Convivencia con enfoque de género, son indispensables estas dos sentencias, porque abordan temas como la no discriminación, la orientación sexual y la identidad de género, siendo estos aspectos fundamentales para avanzar en sociedades más incluyentes, equitativas y conscientes de que todos y todas, somos seres con derechos y que estos deben estar por encima de creencias, dogmas, discriminación por razones de sexo, religión, etnia, estrato social, etc.

Partiendo de la premisa enunciada en este documento, donde se expone la importancia de tener en cuenta la legislación para prevenir, atender y erradicar las violencias basadas en género y contra las mujeres, es necesario abordar la Ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”, su Decreto Reglamentario 4798 de 2011 en lo referente al sistema educativo: 

• Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización.

Veamos que dice la Ley 1257 de 2008, para los procesos educativos en el siguiente artículo:

• Artículo 11. Medidas Educativas. El Ministerio de Educación, además de las señaladas en otras leyes, tendrá las siguientes funciones.

1. Velar para que las instituciones educativas incorporen la formación en el respeto de los derechos, libertades, autonomía e igualdad entre hombres y mujeres como parte de la cátedra en Derechos Humanos.

2. Desarrollar políticas y programas que contribuyan a sensibilizar, capacitar y entrenar a la comunidad educativa, especialmente docentes, estudiantes y padres de familia, en el tema de la violencia contra las mujeres.

3. Diseñar e implementar medidas de prevención y protección frente a la desescolarización de las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia.  

4. Promover la participación de las mujeres en los programas de habilitación ocupacional y formación profesional no tradicionales para ellas, especialmente en las ciencias básicas y las ciencias aplicadas.

Es necesario, tener en cuenta la Política Pública de equidad de género para las mujeres urbanas y rurales de Medellín en el Artículo 4 Objetivos Específicos: Garantizar el derecho a la educación igualitaria que promueva la educación no sexista para la transformación de estereotipos y desigualdades de género en la educación y la cultura. Y en el Artículo 5, en la dimensión de Educación y metas del desarrollo, busca transformar los contenidos y prácticas sexistas y discriminatorias como el acoso sexual que reproducen estereotipos de género en la educación y la cultura, y que conllevan violencias de género.